Drago La Palma acusa a las instituciones insulares y canarias de ignorar la crisis habitacional y el problema de sinhogarismo que sufre la Isla, después de conocer los resultados del informe publicado durante esta semana por Cáritas, que concluye que en La Palma hay más de 300 personas en exclusión residencial —un tercio de ellas afectadas directamente por la erupción del Tajogaite—, y que más del 40% lleva más de tres años sin poder acceder a una vivienda adecuada.
“La Palma está padeciendo una escasez de vivienda que no figura en la agenda política ni mediática, y eso es gravísimo”, lamenta Hernández, y añade que “no se puede hablar de recuperación mientras cientos de personas carecen de un lugar seguro donde vivir.”
“En los discursos oficiales se proyecta una imagen de recuperación posvolcán basada únicamente en datos económicos o de empleo —prosigue la portavoz—, pero la realidad muestra una brecha social creciente que no forma parte del debate público”.
La vivienda pública, a la venta
En este contexto, Visocan, empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias, ha decidido poner a la venta las 38 viviendas de Finca Amado —un conjunto adquirido y rehabilitado con fondos públicos para atender a personas afectadas por el volcán Tajogaite—, tras conocerse que solo cuatro familias harán finalmente uso de ellas.
Sobre esta cuestión, Hernández señaló que “justo cuando La Palma necesita ampliar su parque público de vivienda, se hace lo contrario” y añadió que “en vez de destinar estas viviendas al alquiler social para mantenerlas en lo público, Visocan ha decidido ponerlas en el mercado, poniendo recursos públicos en manos privadas cuando más falta hacen”.
“Poner a la venta vivienda protegida en plena emergencia habitacional es un error político y moral —advierte Hernández—, porque deja a las instituciones sin capacidad real de respuesta y, a su vez, entrega a la especulación un recurso que debería estar al servicio de quienes hoy no tienen un hogar” y añadió que “no es solo una venta, sino repetir el mismo error que nos ha traído hasta aquí. Cada vivienda pública que se pierde demuestra que se sigue priorizando el mercado por encima de las personas y de sus proyectos de vida”.
Las propuestas de Drago La Palma
Ante el problema creciente de sinhogarismo y la inacción de las instituciones palmeras y canarias, que lejos de remar hacia una solución parecen más preocupadas en desmantelar lo público, desde Drago La Palma se plantean las siguientes medidas:
1. Un Plan Insular Contra la Exclusión Residencial, con datos actualizados y equipos capaces de intervenir antes de que las personas caigan en situaciones extremas.
2. La paralización total de la venta de vivienda pública.
3. Un aumento inmediato del parque público y social de vivienda, priorizando a quienes llevan años atrapados en soluciones temporales o inadecuadas.
4. La integración de la perspectiva de exclusión residencial en toda política de reconstrucción y planificación para que ninguna decisión territorial deje fuera a quienes más lo necesitan.
“En La Palma existe un sinhogarismo oculto que no aparece en el relato oficial, pero podemos y debemos enfrentarlo. La reconstrucción solo será real cuando cada persona tenga un hogar seguro. Nuestra isla puede lograrlo si elegimos políticas valientes y humanas, porque la emergencia habitacional no es inevitable, y con voluntad y compromiso podemos revertirla”, concluye Hernández.
