Desde el Grupo Parlamentario de VOX en Canarias se ha reprochado el punto de sobreexplotación, baja calidad laboral, bajos salarios y dudoso porvenir al que el Ejecutivo central, en connivencia con las autonomías, han puesto a los trabajadores.
VOX, alineado con el sindicato Solidaridad, ha manifestado en la conmemoración del 1 de mayo del presente año 2025, Día del Trabajador, que la situación social y laboral en España y en la región ha alcanzado un punto crítico. En las últimas décadas las condiciones materiales de los españoles no han parado de empeorar, del empleo al paro y la precariedad. La realidad de este epitafio se ha generado desde hace años de desposesión: ni trabajo, ni propiedad, ni familia; y, en consecuencia, se les ha negado un futuro.
Las medidas emprendidas hasta la fecha no han dado el resultado positivo que se esperaba, muchas veces tornándose losas para las familias y los trabajadores españoles. Para muestra, la intervención plenaria del portavoz de VOX, Nicasio Galván, en la que ha puesto en valor la necesidad de reducir la carga fiscal y no poner sobre los autónomos la responsabilidad del desastre laboral que han generado unas administraciones incompetentes y usureras.
En España de dos millones y medio de personas oficialmente están en situación de desempleo, haciendo de España no solamente el país con más paro de toda la Unión Europea, sino que dobla la tasa de la UE. A estas cifras debemos sumar los que se encuentran en ERTE, los que están en búsqueda activa de empleo o tienen un contrato fijo discontinuo y están inactivos, por lo que el número de afectados alcanza los más de cuatro millones de personas. Además, el desempleo juvenil, entre los 16 y los 24 años, se eleva a un inaceptable porcentaje del 28,7%, once puntos por encima de la media de la UE.
Peor aún es el hecho de que el 42% de los parados tiene más de 52 años. El desempleo en este tramo de edad es casi el doble del que había en 2008: más del 72% de quienes reciben el subsidio están por encima de esa edad. El resultado es el coma social, con generaciones de mayores abocados a los subsidios de miseria y la prejubilación.
Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia se cuentan entre los grandes perdedores de la precarización creciente. Casi la mitad de los autónomos tiene jornadas laborales superiores a las 10 horas diarias, una tercera parte apenas se puede permitir una semana de vacaciones al año y uno de cada tres autónomos ingresa menos del Salario Mínimo Interprofesional.
El actual aumento del número de autónomos, lejos de ser una consecuencia del crecimiento del emprendimiento, es más bien una muestra del proceso de precarización. La mayoría de ellos son, en realidad, falsos autónomos, un recurso empleado por las empresas como respuesta a las dificultades de contratación y al descenso de la productividad.
La falta de certezas laborales ya se traduce en una falta de certezas materiales y vitales: hace 30 años, muchísimos trabajadores humildes podían permitirse con su sueldo tener un hogar familiar en propiedad y una segunda residencia en la costa o en el pueblo de sus antepasados. Hace 20 años, la segunda residencia era ya una quimera para la mayoría de los españoles.
En Canarias, los ciudadanos destinan una media de 9,2 años de su salario al pago de la vivienda. Eso implica que una gran parte de sus ingresos se destina a cubrir la deuda hipotecaria o el coste de compra de la vivienda. Galván además ha resaltado que “la Agenda 2030 trata de convencernos que por solidaridad los españoles no merecemos el estado del bienestar, mientras nos siguen vaciando los bolsillos”.
Los salarios ya no son suficientes para una vida digna en Canarias. Los ciudadanos destinan el 51% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda. Esta cifra se sitúa por encima de la media nacional, que durante 2024 se estableció en el 43%. En las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, los residentes destinan un 53 % y un 50 % de su sueldo al alquiler, respectivamente. Este porcentaje supera ampliamente la recomendación de los organismos europeos, que sugieren que no se debería destinar más del 30 % del sueldo al pago de la vivienda.
Además, la inmigración ilegal sume a toda la sociedad española en un proceso de pauperización, incertidumbre e inseguridades que genera una brecha cada vez más ancha entre élites y pueblo, entre gobernantes y gobernados. Quienes tengan recursos asumen seguros médicos, seguridad privada y núcleos aislados y seguros; mientras que el ciudadano de a pie se ve en sumido en una situación compleja. La crisis ha engordado a las rentas más altas mientras una mayor parte de la población dispone de cada vez menos: la distancia entre unos y otros es hoy mayor que nunca
Por todos estos motivos, manifestamos:
● La urgente necesidad de avanzar en la recuperación de la soberanía nacional de España, poniendo a las familias y trabajadores españoles como máxima prioridad.
● La necesidad de reformular la economía española sobre la base de la reindustrialización y de la recuperación de la soberanía energética, ambas fuentes de trabajo estable y de calidad. Además, es imperativo revitalizar sectores abandonados del mundo agrario, capaces de emplear una gran cantidad de mano de obra, potenciar la propiedad y promover el arraigo en el territorio.
● La intención de impulsar, mediante las acciones necesarias e instando a los órganos competentes, la protección de la economía nacional, acabando con la deslocalización de empresas en el extranjero y la importación masiva de inmigrantes ilegales, así como con su posterior regularización o reparto por el territorio nacional.
● La voluntad de instar a las diferentes administraciones competentes a aplicar inmediatas rebajas fiscales a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena como medida primaria y esencial para detener su empobrecimiento. A su vez, eliminar toda imposición a los productos básicos de la cesta de la compra (carne, pescado, aceite y pasta) y seguir exigiendo al gobierno canario que cumpla su promesa de rebajar el IGIC.
● El deber de acometer una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, dirigida a racionalizar su estructura y funciones. A su vez, auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Instamos a las Administraciones Públicas y a los poderes públicos a tomar en consideración estas medidas urgentes para que este primero de mayo de 2025 sea un nuevo hito donde se traslade un mensaje claro a los trabajadores españoles: las instituciones estamos de su lado y luchamos por su bienestar y prosperidad.
