El Grupo Parlamentario VOX, ha criticado hoy el engaño que supone el Decreto Ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias y el reglamento que la desarrolla. Lo ha hecho por entender que los mensajes del Gobierno canario son falsos, porque dan a entender que así se suspenden los procedimientos sancionadores y las multas a más de 70.000 propietarios de Canarias que en el siglo XX decidieron comprar una vivienda en zonas que posteriormente fueron tomando relevancia turística focalizadas en su mayor parte en Tenerife, La Palma, Lanzarote y Gran Canaria.
Así, Jover destapó que los grupos de gobierno no recogían en sus programas electorales ninguna medida que dejase en desamparo a 70.000 familias canarias que en su momento adquirieron una vivienda según se desprende de las licencias de primera ocupación, como la mostrada durante la intervención en el Pleno.
Lamentablemente, las votaciones de quienes hoy no han representado al electorado ni a los intereses generales de los canarios han ganado el pulso a los afectados (tan solo por una diferencia de cuatro votos), omitiendo las peticiones a favor de ellos por parte del grupo parlamentario VOX que buscaban paralizar este ataque a la propiedad en un momento en que Canarias tiene declarada la emergencia habitacional y esos afectados difícilmente encontrarían una alternativa alojativa para sus familias.
Con una argumentación jurídica más que cuestionable, volviendo a reiterar que los propietarios sabían que compraban en suelo turístico y reprobando la vehemencia con la que se ha defendido esta injusticia, los grupos de gobierno han tratado de minimizar un decreto ley injusto que tras su convalidación sume en una mayor inseguridad jurídica a decenas de miles de legítimos propietarios en Canarias.
Tal y como denunció en la pasada Comisión General de Cabildos Insulares Jover, este decreto ley es perverso porque condiciona la suspensión de sanciones a la iniciación de un procedimiento por parte de los propietarios afectados por la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 excesivamente gravoso y costoso que debe finalizar con una resolución favorable que difícilmente se conseguirá. “Si realmente existiera voluntad política para dar respuesta a las decenas de miles de propietarios hubiera bastado derogar los artículos correspondientes de la ley de 2013 en lugar de redactar la norma en los términos en que se ha hecho”.
Además de la cuestión de fondo, el grupo parlamentario VOX presentó el lunes pasado un escrito para que la Mesa de la Cámara acordara paralizar el debate y la votación del decreto ley por cuestiones graves vicios de forma: por un lado, no se ha recabado el obligatorio parecer del Consejo Municipal de Canarias de la norma que, entre otras cuestiones, impone a los ayuntamientos la tramitación de un procedimiento en un determinado plazo afectando ello a la autonomía local y, por otro lado, no consta en el expediente firma alguna de la Consejera de Turismo y Empleo a pesar de que la Ley 4/2024 exige que para que un proyecto de decreto ley se someta a la aprobación del Gobierno, es necesaria la propuesta del titular departamental. la necesaria Propuesta de Acuerdo de aprobación del proyecto de decreto ley firmado por la consejera de Turismo y Empleo y tampoco consta ningún otro documento que convalide la omisión.
Para Jover, esta norma es “un ataque a legítimos propietarios que adquirieron una vivienda en su día y a los que no se les reconoce la consolidación de uso ni se les ha indemnizado o compensado por ninguna expropiación o cambio de planeamiento, obligándolos a que presenten una solicitud cuando no tienen por qué hacerlo”.
Jover lamenta que se haya convalidado el texto normativo y que se haya vetado su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia lo que hubiera abierto la posibilidad de corregir la situación en la que quedan decenas de miles de ciudadanos vía enmienda. No obstante, el grupo parlamentario seguirá insistiendo para introducir cambios (a través de enmiendas) en el proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda que traigan por fin seguridad jurídica a los propietarios afectados que reclaman seguir utilizando su vivienda en el escenario de emergencia habitacional que sufre Canarias.
