La tensión crece en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, debido a la ocupación ilegal de varias viviendas por parte de un grupo de inmigrantes marroquíes. Según ha denunciado el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, uno de los okupas cuenta con una orden de expulsión del país que no ha sido ejecutada por las autoridades competentes.
La situación ha provocado el malestar de los vecinos, quienes llevan semanas denunciando el incremento de la inseguridad y exigiendo una solución inmediata. En las últimas jornadas, los residentes han salido a protestar en las calles, reclamando el desalojo de los okupas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido reforzar la presencia policial en la zona, no para proceder a la detención de los ocupantes ilegales, sino para evitar altercados entre estos y los vecinos indignados.
❝Las leyes protegen más a los okupas que a los propietario
Mientras tanto, los vecinos denuncian haber sido amenazados por algunos de los okupas, asegurando que han tenido que reforzar puertas y ventanas por miedo a sufrir represalias. Incluso han reportado incidentes con armas blancas, lo que ha disparado la preocupación en el barrio.
La Subdelegación del Gobierno promete reforzar la seguridad
Ante la creciente alarma social, la Subdelegación del Gobierno en Tenerife ha anunciado un aumento en la vigilancia policial en El Toscal, aunque sin dar detalles sobre un posible desalojo de los okupas. Esta postura ha sido criticada por los vecinos, quienes consideran que la respuesta es insuficiente y que se sigue protegiendo a quienes ocupan ilegalmente las viviendas en lugar de a los legítimos propietarios.
Las protestas vecinales continúan y no se descarta que en los próximos días se intensifiquen si no se toman medidas concretas para resolver el problema. Mientras tanto, la incertidumbre y el malestar siguen creciendo en El Toscal, donde los vecinos se sienten desamparados por las autoridades.
