La justicia ha impuesto una multa de 1.000 euros a un conductor que utilizó de forma fraudulenta una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) en la capital grancanaria. El documento había sido manipulado para alterar su fecha de caducidad y pertenecía a una persona que ya había fallecido.
Los hechos salieron a la luz tras una inspección rutinaria de la Policía Local, que detectó anomalías en la tarjeta visible en el parabrisas del vehículo. Al comprobar los datos, las autoridades confirmaron que la persona titular de la tarjeta había muerto meses atrás, y que el acusado seguía utilizándola para aparcar en zonas reservadas de forma irregular.
⚖️ Fraude contra el sistema público
Este tipo de infracción se enmarca dentro del uso fraudulento de documentos públicos, y puede acarrear consecuencias penales bajo el delito de falsedad documental, tipificado en el Código Penal español. Aunque en este caso se ha optado por una sanción económica, la gravedad del acto no pasa desapercibida para las autoridades.
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas se recuerda que las tarjetas PMR son personales e intransferibles, y que deben ser devueltas en caso de fallecimiento del titular. Utilizarlas de forma indebida no solo es ilegal, sino que representa un atentado contra los derechos de las personas con movilidad reducida.
“Estas prácticas suponen un perjuicio directo a quienes realmente necesitan estas tarjetas. No se puede permitir que se abuse de un recurso pensado para proteger a los más vulnerables”, señaló un portavoz municipal.
Mayor control para frenar el uso indebido
Las autoridades han anunciado un refuerzo en las campañas de vigilancia para detectar el mal uso de tarjetas PMR, con especial atención a vehículos que utilicen documentos caducados, manipulados o que no correspondan al titular.
Además, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que denuncie comportamientos sospechosos relacionados con este tipo de fraudes.
