Este 20 de octubre, miles de personas han salido a las calles en diversas localidades de las Islas Canarias bajo el lema «Canarias tiene un límite». La manifestación ha sido convocada para denunciar el modelo económico al que está sometido el archipiélago, basado casi en su totalidad en el turismo. Los manifestantes han exigido un cambio estructural que diversifique la economía y garantice un desarrollo más sostenible y justo para la población canaria.
La protesta ha puesto el foco en los efectos negativos de una economía dependiente del turismo masivo, que, según denuncian, precariza las condiciones laborales, destruye los parajes naturales, agrava la crisis de vivienda y afecta el acceso a servicios públicos de calidad. Enarbolando pancartas con mensajes como «Canarias tiene un limite» y «Canarias no es un parque temático», los manifestantes han reclamado políticas que impulsen sectores productivos alternativos, como la agricultura, la industria y las energías renovables.
Recortes Cero ha estado presente en las manifestaciones, apoyando las reivindicaciones de los manifestantes y sumándose al llamado a un cambio de modelo económico. La organización ha subrayado que la dependencia del turismo coloca a las islas en una situación de absoluta precarización. «Canarias tiene capacidad para tener otro destino que no sea ser una macrogranja del turismo. La solución es invertir en un proyecto de reindustrialización que apueste por la industria local y el desarrollo sostenible», ha afirmado Adrián Ramírez desde Recortes Cero.
La manifestación se ha desarrollado de forma pacífica, contando con un amplio apoyo de la sociedad civil y colectivos que reclaman una transformación económica urgente. Los manifestantes han destacado que el actual modelo turístico masivo está agotado, y que perpetuarlo solo profundiza las desigualdades y el deterioro ambiental en las islas.
Este 20 de octubre ha quedado marcado como la segunda manifestación convocada por los colectivos agrupados en torno a Canarias Tiene un Limite. Es la respuesta ante la inacción de las instituciones públicas, los cuales deben tomar cartas en el asunto y promover una economía diversificada que beneficie a toda la población.