Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Playa de Las Américas, en colaboración con el Servicio de Sanidad del Gobierno de Canarias ha incautado unos 25.000 kg de alimentos no aptos para el consumo humano que estaban expuestos a la venta en un establecimiento comercial sito en el Polígono Industrial de Las Chafiras, perteneciente al municipio de San Miguel de Abona.
La inspección fue iniciada por los agentes del SEPRONA en un supermercado, sin embargo, tras observar y comprobar las diversas irregularidades que podrían estarse cometiendo y que estaban poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores, activaron de inmediato al personal del Servicio Canario de Sanidad para que, de forma conjunta llevar a cabo una inspección profunda en todo el establecimiento, la cual duró más de cinco horas ininterrumpidamente.
En el interior del establecimiento fueron hallados diferentes productos de alimentación (cárnicos, conservas, productos manufacturados, pescado congelado) que “carecían de las condiciones higiénico sanitarias necesarias para ser consumidos”. Dichos alimentos se encontraban en estanterías, arcones congeladores o en cámaras frigoríficas, listos para ser comprados por los clientes, careciendo de etiquetas y desconociendo su origen.
La carne que los agentes encontraron en los expositores y en una cámara frigorífica interior estaba caducada o carecía de etiqueta, desconociendo así su composición y origen.
El pescado también estaba congelado, puesto a la venta envasado sin ningún tipo de etiquetado, con fecha de consumición preferente superada o incluso alguno con alteraciones producidas por rotura de la cadena de frio. Cabe destacar, que en uno de los expositores había atún rojo en porciones de dos a tres kilogramos envasado por el propio establecimiento y sin ningún tipo de etiquetado, así como numerosas piezas enteras de esta especie sin etiquetar en el interior de una cámara frigorífica interior, no aportando tampoco el responsable del establecimiento documentación que ampare su lícita procedencia.
Una vez examinada toda la mercancía por parte de los técnicos del Servicio Canario de Sanidad, y tras verificar que no era apta para consumo humano, fue retirada de la venta para su posterior destrucción por parte de un gestor autorizado.
Actualmente, el supermercado permanece cerrado y con su actividad suspendida de forma cautelar por la autoridad competente: el Servicio Canario de Sanidad, tras considerarse que la vida de las personas/consumidores podría haber estado en grave riesgo, motivo por el cual, se acusa al propietario del establecimiento de un delito contra la salud pública, además de notificarle la apertura de un expediente administrativo sancionador por las diversas irregularidades detectadas.
Normativa.
• El artículo 363 del vigente Código Penal castiga a los productores, distribuidores o comerciantes que ponen en peligro la salud de los consumidores que ofrecen en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición. Establece penas de uno a cuatro años de prisión, así como la inhabilitación para ejercer ese trabajo por tiempo de hasta seis años.
