El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, y el portavoz de Hacienda, Manuel Hernández, han presentado la iniciativa y han advertido que la situación actual de la vivienda en Canarias “es insostenible”, con precios de alquiler y venta “disparados” y una creciente concentración de la propiedad “en manos de unos pocos”.
“En solo dos años, el precio de la vivienda en Canarias ha aumentado un 39% y el alquiler un 21%. Hoy, una persona tiene que destinar el 55% de su salario bruto a pagar el alquiler, muy por encima de la media nacional”, denunció Franquis.
“Esto no son números: son jóvenes que no pueden emanciparse, familias que tienen que abandonar su barrio y mayores que no llegan a fin de mes porque su renta sube más que su pensión”, alertó.
En este sentido, denunció que más de la mitad de la población canaria no puede afrontar los gastos de vivienda con sus ingresos, mientras el número de viviendas vacacionales se ha disparado —de 40.000 a más de 72.000 en solo dos años—, restando más de 30.000 viviendas al mercado residencial.
Expulsión silenciosa
“Estamos ante una expulsión silenciosa: viviendas que antes estaban disponibles para familias trabajadoras se están volcando al mercado turístico porque deja más beneficios”, explicó Franquis.
“Y lo más preocupante es que cada vez hay más viviendas en menos manos: más de 81.632 inmuebles están en manos de grandes tenedores, 77.000 están en manos de empresas y solo cuatro personas acumulan 620 viviendas”.
Por este motivo, desde el PSOE exigen al Ejecutivo autonómico de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) que regule “de una vez” el mercado del alquiler frene la especulación e impulse la construcción de vivienda pública. “Cuando este Gobierno ha tenido que elegir, ha elegido a los poderosos. Nosotros elegimos a la gente”, afirmó Franquis.
La proposición de ley socialista plantea tres objetivos fundamentales, como facilitar el acceso a la vivienda a las familias canarias, aumentar el parque público de alquiler mediante la adquisición y puesta a disposición de nuevas viviendas, y frenar la especulación de grandes tenedores y fondos de inversión.
Registro de Grandes Tenedores
Para alcanzarlos, la ley introduce tres instrumentos clave.
El primero es la creación del Registro de Grandes Tenedores, que permitirá al Gobierno conocer con exactitud quiénes controlan el mercado de la vivienda, cuántos inmuebles poseen y dónde se ubican. “No existe un control real de esa información, y sin datos no puede haber una política de vivienda eficaz”, destacó Hernández.
Aumento en un 30% del parque público de viviendas
El segundo instrumento son los derechos de tanteo y retracto, que permitirán al Ejecutivo canario adquirir viviendas en venta por grandes tenedores antes de que pasen a manos especulativas. Las propiedades obtenidas mediante estas herramientas se incorporarán al parque público autonómico, insular o municipal y se destinarán a alquiler asequible. Según las estimaciones del PSOE, esta medida podría aumentar el parque público de vivienda en un 30%.
Sistema más justo y progresivo
El tercer elemento es la revisión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para establecer un sistema más justo y progresivo: “No puede pagar lo mismo quien compra su primera vivienda que quien adquiere cincuenta para especular”, subrayó Hernández.
Franquis concluyó que la iniciativa socialista busca equilibrar la balanza entre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y la libertad de negocio de quienes la tratan como una mercancía. “En Canarias hay miles de personas que no buscan una inversión, sino un hogar. No podemos resignarnos a que vivir aquí sea un lujo ni permitir que nuestros jóvenes tengan que marcharse”, afirmó.
