El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este martes [13] una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para la regulación de la violencia obstétrica a la mujer en el sistema sanitario de Canarias, con el objetivo de visibilizar este tipo de violencia de género y sustituir las prácticas violentas en protocolos respetuosos con las mujeres y sus partos.
En la iniciativa, defendida por la diputada socialista Yolanda Mendoza, se insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a que se introduzca el concepto de violencia obstétrica como un concepto más en la reclamación asistencial de los servicios sanitarios de todos los hospitales
Además, se solicita que se imparta formación efectiva a los profesionales de la salud, que se traduzca en prácticas seguras en el momento del parto y durante todo el embarazo, así como la detección precoz de los casos de violencia obstétrica. La iniciativa también pide la creación de protocolos que no resulten invasivos, arriesgados ni dolorosos, y que los partos reciban un trato humano y respetuoso.
En la propuesta se apuesta por el fomento de las investigaciones relacionadas con la violencia obstétrica y que se logren intervenciones que refuercen la autonomía de los usuarios.
La PNL socialista advierte sobre las prácticas y actuaciones violentas que consisten en realizar cualquier tipo de acto inapropiado o sin consensuar con la paciente, como episiotomías sin aviso ni consentimiento previo, intervenciones sin anestesia, realizar tactos sin necesidad o a la falta de movimiento en el momento del parto, obligando a parir en determinada postura, además de trato autoritario, paternalista e infantilizar a la mujer en un momento de vulnerabilidad.
Denuncias en Canarias
En la iniciativa se recuerda que este tipo de violencia obstétrica, recogida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es más que otro tipo de violencia ejercida sobre las mujeres, y detalla que en Canarias se han contabilizado en lo que va de año hasta diez reclamaciones por violencia obstétrica en los hospitales públicos. “Estas reclamaciones son interpuestas a través de las hojas de reclamación que no recogen como motivo de reclamación la propia violencia obstétrica como concepto ni como práctica, siendo necesario, por tanto, que se reconozca como motivo de queja y reclamación de las pacientes”.
Por su parte, Mendoza consideró necesario cambiar el modelo obstétrico en la formación que reciben los profesionales sanitarios, y apuestan por su renovación y actualización con una perspectiva de género, “asumiendo que existen prácticas de esta violencia y que hay que erradicarlas para que sean sustituidas por prácticas respetuosas con la integridad física y psicológica de las pacientes”.
