Canarias evitó vetos hospitalarios, aplicó protocolos conjuntos y priorizó la coordinación interinstitucional. Madrid, en cambio, impuso los conocidos “Protocolos de la Vergüenza”, que impidieron el traslado a hospitales de miles de mayores durante la pandemia. Así lo defendió Noemí Santana, diputada y secretaria general de Podemos Canarias, durante el acto celebrado este martes en el Teatro del Barrio, bajo el título “Residencias durante la pandemia: en todas las comunidades no murieron igual”.
La intervención de Santana, exconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, centró el foco en el modelo que lideró en el archipiélago: una gestión basada en derechos, coordinación institucional y prevención, que fue reconocido a nivel estatal como ejemplo de respuesta humana frente al colapso. “En Canarias no vetamos a nadie por su edad ni por su situación sanitaria. Se garantizó el derecho a ser atendido sin excepciones, sin importar si tenían o no seguro privado”, afirmó durante el acto.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Gobierno canario articuló órdenes conjuntas entre Sanidad y Derechos Sociales, activó un canal de emergencia para las residencias, y mantuvo comunicación diaria con los centros. La Policía Canaria jugó un papel clave en la verificación del cumplimiento de protocolos, sin lógica punitiva, sino como herramienta de apoyo inmediato. A pesar de que el 70 % de las plazas residenciales estaban en manos privadas, se garantizó atención médica pública, derivaciones hospitalarias y un trato igualitario para todas las personas residentes. “En las residencias no puede haber ciudadanía de primera y de segunda. Aquí no se dejó a nadie atrás”, subrayó Santana.
Como resultado de esa experiencia, Canarias puso en marcha el modelo Canarias te Cuida, que apuesta por unidades de convivencia pequeñas, atención centrada en la persona, mejora de las condiciones laborales del personal y una inversión pública estructural canalizada a través del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. “El modelo canario demostró que otra gestión fue posible: con humanidad, coordinación y derechos”, concluyó.
La diferencia con la Comunidad de Madrid fue evidente. Mientras Madrid aplicaba criterios de exclusión basados en edad o discapacidad, Canarias garantizaba la derivación hospitalaria universal. En cifras, entre marzo y mayo de 2020, fallecieron 7.291 personas mayores en residencias madrileñas, frente a 60 en Canarias. Madrid, con el 93 % de sus residencias privatizadas, no aplicó cribados masivos ni medicalizó los centros, y contaba con solo 22 personas para inspeccionar 475 centros. En cambio, Canarias realizó más de 12.000 pruebas PCR y serológicas en 139 residencias y desplegó un modelo coordinado entre Sanidad, Derechos Sociales, Cabildos y Ayuntamientos.
El acto dejó la conclusión clara entre los asistentes de que las muertes en residencias no fueron un hecho inevitable, sino el resultado de decisiones políticas. Frente al abandono institucional, Canarias eligió cuidar. Y ese modelo, recordó Santana, “no fue una excepción: fue un precedente del país que podemos y debemos construir”.
