El portavoz del Partido Popular en La Laguna, Juan Antonio Molina, ha presentado una moción en el pleno municipal con el objetivo de desarrollar medidas concretas para frenar la ocupación ilegal en el municipio. El PP reclama mayor protección para los propietarios, más recursos para las familias vulnerables y la agilización de los procedimientos administrativos relacionados con la ocupación de viviendas.
«Ocupar una vivienda no es un derecho ni puede considerarse una solución. Es una vulneración directa del derecho a la propiedad, que está recogido en nuestra Constitución”, declaró Molina. «En La Laguna se ha generado una peligrosa deriva ideológica que justifica la ocupación como una suerte de justicia social, cuando en realidad lo único que consigue es generar inseguridad y conflictos vecinales”, añadió.
El portavoz popular denunció que la falta de políticas de vivienda, la inseguridad jurídica y la gestión ineficaz de la SAREB han agravado el problema de la ocupación en el municipio. «No podemos seguir trasladando a los propietarios la responsabilidad de la inacción del Ayuntamiento en materia de vivienda. Es el momento de actuar con firmeza”, afirmó.
Más inversión en vivienda y agilización de trámites
El PP ha propuesto en el pleno un conjunto de medidas orientadas a garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y a ofrecer soluciones reales a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, destaca el compromiso del Ayuntamiento de incrementar un 10% anual acumulable la inversión en construcción y rehabilitación de viviendas durante los próximos cinco años.
«No se puede combatir la ocupación sin ofrecer alternativas reales. Es imprescindible que el Ayuntamiento disponga de suficientes recursos alojativos para atender a las familias vulnerables y evitar que recurran a soluciones ilegales”, explicó Molina.
Además, el PP exige que los informes de vulnerabilidad que emite el Ayuntamiento se tramiten en un plazo máximo de 30 días y que se realice una revisión semestral de los mismos para evitar fraudes o situaciones irregulares. «No puede ser que estos informes se utilicen como un salvoconducto para mantener ocupaciones indefinidamente, sin ningún tipo de control”, subrayó Molina.
Tolerancia cero con la ocupación y refuerzo del control municipal
El Partido Popular también ha solicitado una serie de medidas para garantizar la convivencia y frenar el fraude en el acceso a recursos públicos. Entre ellas, destacan:
• Evitar el fraude en los empadronamientos, exigiendo escrituras de propiedad o contratos de alquiler como documento acreditativo.
• Realizar un censo de viviendas con informe de vulnerabilidad y revisar posibles problemas de convivencia.
• Cumplir la bonificación del IBI para los propietarios que tengan viviendas ocupadas o en procesos judiciales.
• Ofrecer empadronamiento temporal en recursos municipales, evitando que la inscripción en viviendas ocupadas se use para regularizar situaciones irregulares.
«Es hora de que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y proteja tanto a los propietarios como a los vecinos que sufren las consecuencias de la ocupación ilegal”, afirmó Molina. «No podemos permitir que quienes han trabajado toda su vida para tener una vivienda se vean desprotegidos ante quienes la usurpan sin justificación alguna”, concluyó.
