En estos días posteriores al apagón que afectó a buena parte de la península ibérica el pasado 28 de abril, hemos asistido con perplejidad a una oleada de críticas, cuestionamientos y ataques furibundos contra las energías renovables que, por su oportunismo y falta de rigor, merecen una firme respuesta. Resulta irresponsable y profundamente deshonesto que, sin conocerse todavía las causas exactas del incidente, ya haya quienes se apresuren a señalar a las energías verdes como culpables, mientras proponen con entusiasmo resucitar tecnologías caducas y contaminantes como el gas o el fuel.
Ha arreciado igualmente el apoyo desmedido a la energía nuclear desde sectores empresariales, mediáticos y politicos. Han aprovechado el río revuelto para intentar hacer torcer la decisión del Gobierno de España de desmantelar las plantas nucleares existentes e impedir la construcción de otras nuevas y han conformado un lobbie para hacerlo posible compuesto, entre otros, por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), las grandes empresas energéticas con intereses directos en las nucleares y los medios de comunicación afines. Sánchez Galán (Iberdrola) ha llegado incluso a solicitar que se “emule” el pragmatismo de EEUU.
Por cierto, apenas he escuchado en estos días plantear que quizás la mayor fragilidad del sistema esté en la privatización brutal que inició Felipe González (recuerden aquello de que no se podía tener un elefante en el salón de una casa) y que culminó con absoluta determinación José María Aznar. Inteligentemente no hicieron lo mismo Francia, Italia, Alemania o Suecia, que siguen teniendo empresas públicas. De aquellos polvos, estos lodos. Igual la investigación acerca de las causas del apagón nos da alguna sorpresa.
Es imprescindible recordar que el sistema eléctrico español está diseñado y operado con una configuración altamente mallada, con redundancias y protocolos que permiten hacer frente a incidentes aislados. El equilibrio entre generación y demanda no depende de una única tecnología, sino de la combinación inteligente de todas las disponibles. Afirmar que un corte eléctrico como el reciente es consecuencia directa del crecimiento de las renovables es tergiversar los hechos. De hecho, durante jornadas como la del 16 de abril, las energías renovables fueron capaces de cubrir prácticamente toda la demanda del sistema peninsular, generando unos 27.000 MW a mediodía. Este dato evidencia su fiabilidad y su papel creciente en la estabilidad del sistema.
Pero es más, son las renovables las que están impulsando en estos momentos la economía española, aumentando notablemente su independencia del exterior y su competitividad al abaratar los costes de generación notablemente y comercialización (en septiembre de 2022 el precio de la luz era de 216 euros el MWh y en este mes de mayo está en 35 euros MWh). Se ha convertido, además en un vector del desarrollo inteligente, de la innovación, de la investigación y de la generación de una industria ligada a su crecimiento.
Más que nunca, debemos hacer un llamamiento a la prudencia. El verdadero debate no es si las renovables son parte del problema, sino cómo acelerar su integración en condiciones de garantía y seguridad. Apostar por tecnologías como la nuclear o los combustibles fósiles como reacción a un evento puntual es no solo una regresión medioambiental, sino también económica. La energía nuclear, lejos de ser la panacea que algunos defienden, es una tecnología obsoleta, cara, de difícil implantación y con unos riesgos inasumibles. A esto hay que añadir que los plazos de desarrollo son tan largos que no resuelven ninguno de los problemas urgentes que enfrentamos hoy. Y no digamos de los residuos radiactivos cuya gestión sigue sin solución definitiva en ningún país del mundo.
Apostar por más gas o petróleo, cuando el mundo entero camina hacia la descarbonización, es insistir en un modelo que nos ha hecho dependientes de mercados volátiles, ha contribuido al calentamiento global y amenaza nuestra soberanía energética. En cambio, tenemos a nuestro alcance una vía limpia, segura y muchísimo más barata: las energías renovables apoyadas en sistemas de almacenamiento y redes modernas.
En lugar de mirar hacia atrás, debemos mirar hacia adelante con determinación. El desafío actual no es técnico, sino político y económico: necesitamos hacer las inversiones adecuadas para que el sistema eléctrico pueda integrar más energías renovables. Esto implica desplegar más almacenamiento energético, clave para gestionar la variabilidad de estas fuentes, mejorar la inercia del sistema y asegurar su estabilidad. En este aspecto, las renovables no deben verse como un problema, sino como una oportunidad para modernizar nuestras infraestructuras y fortalecer la resiliencia del sistema.
Las tecnologías de almacenamiento, y en particular las centrales hidroeléctricas de bombeo, ofrecen una solución madura y eficaz. Permiten almacenar energía cuando sobra y liberarla cuando se necesita, aportando además servicios adicionales al sistema como regulación de frecuencia o reserva de emergencia. En este sentido, el proyecto de Salto de Chira, en Gran Canaria, es un ejemplo paradigmático. Con sus 200 MW de potencia instalada, representa el 40% de la demanda punta de la isla, facilitando una altísima penetración renovable. Su futura ampliación hacia el embalse de Cueva de Las Niñas permitirá alcanzar una cobertura renovable superior al 90%, convirtiendo a la isla en un referente de autosuficiencia energética. Salto de Chira nos habría devuelto a la normalidad en Gran Canaria en muy poco tiempo ante un cero energético.
Mientras que en la península la elevada potencia hidráulica instalada (más de 17.000 MW) y las interconexiones con Francia y Marruecos permitieron una rápida reposición del servicio tras el apagón, en Canarias debemos redoblar esfuerzos en nuestras propias infraestructuras. Por eso es fundamental que sigamos desarrollando proyectos de almacenamiento y bombeo, tal y como permite la legislación canaria (Ley 17/2013), adaptada a la realidad de nuestros sistemas insulares.
Somos más vulnerables, sí, pero también más conscientes de lo que implica depender de un suministro seguro y sostenible. Además del almacenamiento hidráulico, es prioritario invertir en nuevas tecnologías como baterías a gran escala, redes inteligentes y sistemas de gestión de la demanda. Es preciso también el refuerzo de las líneas y las subestaciones. La digitalización del sistema eléctrico, junto con la participación activa de los consumidores, permitirá un sistema más flexible y seguro. Necesitamos también mercados de capacidad bien diseñados, donde se remunere no solo la energía producida, sino también la disponibilidad y el servicio al sistema.
Es preciso igualmente que se reconozcan las especificidades técnicas y regulatorias de los sistemas eléctricos insulares, el aporte de la financiación especifica para su modernización, permisos y planificación anticipada y que se incluyan incentivos para inversiones en flexibilidad, almacenamiento y estabilidad. Debemos, insisto, generar alianzas para el desarrollo de un sistema energético insular más distribuido, participativo, manejable y orientado al interés general.
No podemos permitir que la confusión o el miedo sirvan de excusa para frenar el cambio. La transición energética es inevitable y urgente. No solo por la lucha contra el cambio climático, sino también por razones económicas, sociales y de salud pública. El modelo energético basado en un mix de renovables equilibrado, en eficiencia y soberanía es más democrático, más justo, más fuerte y más resistente.
En Gran Canaria hemos apostado claramente por este camino. Sabemos que no es sencillo, pero también sabemos que es el único posible. Y no vamos a permitir que, bajo la sombra de un apagón cuya responsabilidad aún se está investigando, se ponga en cuestión la dirección correcta de nuestra política energética.
La transición no se detiene. La transición avanza. Y Gran Canaria será vanguardia, no retaguardia, de ese futuro más limpio, seguro y justo.
