MARRUECOS, EEUU, ISRAEL Y LA DESPROTECCIÓN DE CANARIAS

En estos tiempos de transformaciones profundas y de creciente inestabilidad internacional, Canarias asiste, con una mezcla de incredulidad, indignación y preocupación, al avance de una política de hechos consumados que amenaza no solo los intereses del Archipiélago, sino su propia seguridad, integridad medioambiental y modelo económico. La reciente adjudicación por parte del Reino de Marruecos a empresas israelíes de la concesión para la exploración y posible explotación de hidrocarburos en aguas del Sáhara Occidental —a escasos kilómetros de nuestras costas— constituye una nueva vuelta de tuerca en la estrategia expansiva del país vecino, reforzada por un contexto internacional que le allana el camino y que, de forma lamentable, deja a Canarias fuera del tablero de la toma de decisiones.
A través de una moción presentada por Nueva Canarias – Frente Amplio Canarista en el Cabildo de Gran Canaria, en el pleno del pasado mes de marzo, se aprobó, por una amplia mayoría, mostrar un rotundo rechazo a esta operación que, además de carecer de legitimidad internacional, vulnera las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el mandato claro de Naciones Unidas respecto al Sáhara Occidental, un territorio ocupado ilegalmente desde 1975 y pendiente aún de un proceso de descolonización.
La cesión a la empresa israelí NewMed Energy, con una licencia que abarca más de 34.000 kilómetros cuadrados —una superficie superior a la de toda Cataluña— para operar en el bloque marítimo denominado “Bojador Atlántico”, no es un hecho aislado. Se trata de un paso más en una estrategia que lleva años gestándose, en la que Marruecos utiliza su alianza con Israel para abrir una vía de explotación energética en un territorio sin derechos reconocidos al ocupante. Esta alianza se produce, además, en pleno genocidio en Gaza, lo que agrava la dimensión ética y política del acuerdo.
Las tensiones con Marruecos por la delimitación de las aguas territoriales, la exploración de hidrocarburos o la extracción de tierras raras en zonas sensibles como el Monte Tropic, frente a nuestras costas, están generando también una creciente preocupación social e institucional.
Esta política de expolio, basada en el desprecio a los dictámenes internacionales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con potencias que miran hacia otro lado, está siendo respaldada de forma tácita —cuando no explícita— por Estados Unidos, Francia y, tristemente, también por el Gobierno de España. En un movimiento que recuerda a los peores capítulos del colonialismo, estas potencias están fortaleciendo la posición geoestratégica de Marruecos a costa de los derechos del pueblo saharaui y de la seguridad de nuestras islas.
España ha optado por una diplomacia ambigua, cuando no complaciente, que nos convierte en meros espectadores ante decisiones que nos afectan de forma directa. Fíjense en la reunión de hace unos días, el 17 de abril, en Madrid, entre los ministros de exteriores de España y Marruecos defendiendo el plan de autonomía del Sáhara sin referéndum. “La base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”, según el ministro español Albares.
Para más inri, el pasado martes 8 de abril, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, urgió «a las partes implicadas a iniciar conversaciones sin demora» para aplicar la propuesta de Rabat para el Sáhara Occidental, que Washington considera «el único marco para negociar una solución mutuamente aceptable» y que pasa por otorgar autonomía a ese territorio manteniendo la soberanía marroquí.
No podemos obviar, como señala la Agencia EFE, que Marruecos es uno de los principales socios de Estados Unidos, país con quien tiene firmado desde 2005 un Acuerdo de Libre Comercio y con quien mantiene también estrechas relaciones en materia de seguridad y defensa que se cristaliza además por las maniobras militares ‘African Lion’ que ambos países organizan conjuntamente desde hace más de dos décadas y que son consideradas las mayores del continente africano
Y mientras tanto, Canarias calla. O, mejor dicho, se la obliga a callar. Nuestra voz no está presente en los foros donde se toman decisiones cruciales sobre el futuro del entorno que habitamos, sobre los recursos que compartimos, sobre las rutas marítimas vitales para nuestra soberanía, sobre los riesgos medioambientales que amenazan nuestras costas. Esta ausencia clamorosa de representación nos condena a una dependencia peligrosa que limita nuestra capacidad de respuesta, nos invisibiliza y, lo que es peor, nos hace vulnerables.
Porque no se trata solo de un asunto político o diplomático. Lo que está en juego es mucho más. Es nuestro modelo económico el que corre peligro si se inicia una explotación masiva de recursos fósiles en aguas cercanas. Es nuestra biodiversidad marina, ya afectada por los efectos del cambio climático, la que puede verse irreversiblemente dañada. Es nuestra estabilidad geopolítica la que se ve amenazada por una creciente militarización del norte de África y por la consolidación de Marruecos como un actor con aspiraciones hegemónicas en la región, alentado por un silencio internacional ensordecedor.
La situación con Marruecos no puede analizarse solo desde el prisma diplomático clásico. Hablamos de un país vecino, sí, pero también de un actor que ha incrementado su presencia militar en el Sahel, ha profundizado alianzas con potencias globales y ha impulsado una política exterior cada vez más ambiciosa —y a veces agresiva— en el Atlántico sur. No se trata de fomentar el enfrentamiento, sino de asumir con madurez la complejidad de la nueva realidad geoestratégica. De ser firmes sin caer en el alarmismo. De rechazar el buenismo ingenuo que, bajo la apariencia de diálogo, deja a Canarias expuesta y sin herramientas.
Además, queremos ser una plataforma para fortalecer nuestras relaciones con África occidental desde una lógica de vecindad, solidaridad y cooperación. Marruecos, Mauritania, la República Árabe Saharaui, Senegal, Cabo Verde… son mucho más que vecinos. Son socios potenciales en una agenda común de sostenibilidad, seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático y migraciones seguras. Pero esa agenda solo será posible si se construye sobre la base del respeto mutuo, no de la imposición.
Desde el Cabildo de Gran Canaria, reclamamos con firmeza que se escuche la voz de Canarias. Que se respete nuestro derecho a ser parte activa de las decisiones que afectan directamente a nuestro territorio y a nuestras vidas. No es de recibo que se sigan negociando límites marítimos sin nuestra participación. No es de recibo que se sigan tomando acuerdos sobre zonas económicas exclusivas que solapan las nuestras sin consulta previa. No es de recibo que se legitime a quienes vulneran el derecho internacional, mientras se silencia a quienes lo defienden.
Reclamamos también al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que asuman su responsabilidad. Que no permanezcan impasibles ante este nuevo desafío geopolítico. Que exijan, con contundencia, el respeto a la legalidad internacional. Que defiendan, sin ambages, los derechos del pueblo saharaui. Y que trabajen, de forma coordinada con Europa, para impedir que se consoliden políticas de ocupación y expolio en nuestras propias narices.
Es el momento de actuar. De no permitir más silencios. De proteger Canarias, su ecosistema, su soberanía, su dignidad. Lo que está en juego no es solo una cuestión de petróleo, gas o tierras raras.. Lo que está en juego es nuestro futuro como pueblo.