En Madrid, la universidad pública más grande del país, la Complutense, ha tenido que pedir un préstamo para poder pagar las nóminas. No es una anécdota: es la prueba de un modelo que se tambalea. Un sistema que habla de modernización, pero donde la palabra que falta siempre es inversión.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un “rescate” condicionado: dinero a cambio de objetivos. Una especie de contrato de rendimiento aplicado a la educación superior. Pero el problema no es que las universidades rindan cuentas; el problema es que sin recursos, no hay cuentas que cuadren. Cuando se sustituye la financiación estable por la financiación condicionada, la autonomía universitaria se convierte en una ilusión, donde el poder recae en el gobierno. Y lo que era un derecho pasa a ser un privilegio que depende del presupuesto del año siguiente.
Al mismo tiempo, el Gobierno de España ha aprobado una norma que busca poner orden en el mapa universitario y elevar los estándares de calidad. Establece requisitos más exigentes para la creación de nuevas universidades, tanto en el número mínimo de estudiantes como en la acreditación del profesorado y en la garantía de contar con sistemas de evaluación y control académico sólidos. Una medida necesaria tras años en los que proliferaron centros sin una base real de calidad ni compromiso con la investigación.
No es una norma contra nadie, sino una defensa del sistema en su conjunto. Se trata, básicamente, de frenar el fenómeno de las “universidades chiringuito”, donde los títulos se multiplican mientras la investigación y el rigor académico se diluyen.
Paradójicamente, algunas comunidades, entre ellas Canarias, han anunciado recurrir ese decreto ante los tribunales. Y aquí aparece la contradicción: las mismas fuerzas políticas que aprobaron universidades privadas con informes desfavorables ahora impugnan la norma que pretende evitar que vuelva a ocurrir. No es coherencia; es interés.
Canarias, con dos universidades públicas, no puede permitirse ese lujo. La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sostienen el conocimiento, la investigación y el talento de nuestras islas. Lo hacen infradotadas, con presupuestos ajustados, plantillas envejecidas y un déficit estructural que ronda los seis millones de euros, sin mencionar los acuerdos necesarios de financiación que alcanzan los 26 millones de euros más. Y, aun así, resisten. Forman a los profesionales que sostienen nuestros hospitales, nuestros juzgados, nuestras aulas, nuestros laboratorios…
Por eso, mirar hacia Madrid debería servirnos como advertencia. Allí, el modelo de financiación del PP ha acabado en colapso. Aquí, podríamos seguir el mismo camino si no se aprueba de una vez un modelo de financiación plurianual que dé estabilidad y certezas. Si seguimos presupuestando año a año, sin planificación, sin inversión suficiente, sin un contrato-programa que cumpla los compromisos y solo con el objetivo de anunciar que es el presupuesto más alto de la historia. El futuro de nuestras universidades públicas está en riesgo.
La universidad no es solo un lugar donde se estudia; es donde se genera pensamiento crítico. Es donde se investiga lo que aún no se sabe y se imagina lo que todavía no existe. Debilitarla es debilitar el futuro. NUESTRO FUTURO. Y cuando la política convierte la educación en un terreno de batalla ideológica o presupuestaria, pierde un país entero.
Lo que ocurre hoy en Madrid no deberíamos verlo como un debate ajeno, sino leerse como una lección: sin una universidad pública fuerte, no hay movilidad social, no hay innovación y no hay igualdad de oportunidades. Y si el Gobierno de CC-PP copia el modelo Ayuso, el coste será mucho mayor para Canarias. Porque en un territorio fragmentado y alejado como el nuestro, donde la insularidad marca cada decisión, los recortes no solo duelen más si no ponen en riesgo la igualdad real de oportunidades.
El conocimiento no puede financiarse como quien reparte premios a quien mejor rinde. No es un negocio; es un compromiso de todos y todas, un compromiso social. La universidad pública no pide privilegios, pide condiciones para cumplir su misión: formar, investigar y transformar.
Canarias está aún a tiempo de elegir bien su camino. Podemos repetir los errores de otros o construir un modelo que defienda lo público, garantice calidad y planifique el futuro con estabilidad. Porque la universidad no es un gasto: es la inversión más inteligente que una sociedad puede hacer.
(*) Yaiza López Landi es secretaria de Cultura y Universidades del PSOE Canarias y diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias.
