Román Rodríguez, secretario nacional de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), defiende que, junto a las políticas de cooperación internacional dirigidas a mejorar la vida en las regiones de origen, resulta esencial “regular los flujos migratorios, evitando el negocio de las mafias que trafican con personas, la violación de los derechos humanos y las muertes en el mar”. Destaca que, de los 9 millones de inmigrantes en el Estado español, 8,3 se encuentran regularizados, “siendo esenciales para el sostenimiento de varios sectores económicos -como los servicios, la agricultura o los cuidados a las personas-, cotizando y contribuyendo a las pensiones públicas” Recuerda que en torno al 7% , unos 700.000, de los que medio millón son latinoamericanos, no se encuentran regularizados.
El informe Inmigración y mercado de trabajo en España, publicado en junio por el Instituto Elcano, señala que en el Estado español residen nueve millones de inmigrantes de primera generación, es decir, el 18% de la población total. De ellos, 2,8 millones, sobre todo latinoamericanos, cuenta con nacionalidad española. Afirmando que “varios sectores de actividad dependen en gran medida del empleo inmigrante”, como la hostelería, la agricultura o los cuidados.
Canarias
En Canarias, según el ISTAC, se supera ya el medio millón, con un porcentaje más elevado que la media estatal, en torno al 23%; aunque por debajo de Baleares (por encima del 28%), Comunidad de Valencia, Cataluña, Madrid y Murcia. Las menos receptoras son Extremadura, Asturias y Castilla-León.
Por origen destaca Venezuela (unos 80.000, la mayoría establecidos en Tenerife; de ellos unos 55.000 tienen también la nacionalidad española), Cuba, Colombia e Italia. Más de la mitad procede de América (261.422). De Europa son 172.717 residentes, de los cuales casi 45.000 son italianos, una comunidad que ha aumentado mucho en los últimos años. Otros 47.077 (menos del 10% del total) son africanos, con unos 30.000 marroquíes. De Asia provienen 23.490 personas, de las cuales 9.213 son chinas. Fuerteventura es la isla con mayor porcentaje de población nacida fuera de España (38,4% de sus habitantes), seguida de Lanzarote (33,2%), El Hierro (30,5%), La Gomera (25,4%), Tenerife (24,7%), La Palma (22,6%) y Gran Canaria (15,6%).
El secretario nacional de Programas de NC-bc destaca que la inmensa mayoría de las personas migrantes se encuentra inserta en el mundo laboral, si bien sus cifras de desempleo son superiores a la población local y su media de salarios inferior. “Consumen, pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social, aunque una parte está inmersa en la economía informal (en el sector primario, en los cuidados a las personas o incluso en el sector servicios), por lo que se hace preciso incrementar las inspecciones laborales para regularizar su situación. Con ello ganaríamos todos. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Los empresarios que cumplen con la legislación frente a los que hacen trampas y compiten de forma fraudulenta con ellos. Y el conjunto de la sociedad, al aumentar la cantidad recaudada por cotizaciones”.
Respecto al servicio doméstico, las personas inmigrantes ocupan ya tres de cada cuatro empleos (la inmensa mayoría mujeres). En el caso de la hostelería, cubren actualmente casi la mitad de los puestos de trabajo. Pero también cuentan con un peso muy importante en la construcción y en las actividades agrícolas y ganaderas. Con una presencia testimonial en el sector público.
Actualmente los migrantes representan algo más del 23% del total de la población ocupada en España. Con un nivel educativo inferior al medio de la población española, especialmente los que proceden de países pobres de América Latina y los que llegan de África; similar a los autóctonos en el caso de los que vienen de estados de la Unión Europea. Y, estrechamente vinculado con su nivel formativo, desarrollan distintos tipos de labores, en gran medida las más penosas y peor pagadas. Aunque también todos conocemos casos de gente con formación universitaria que desempeña tareas de baja cualificación.
Arraigo
Rodríguez destaca que de los 9 millones de inmigrantes en España se estima en 700.000 los que se encuentran residiendo irregularmente, de los que siete de cada diez son latinoamericanos. Y valora el intento del Gobierno estatal progresista de aprobar una nueva legislación para regularizarlos, introduciendo cinco nuevas modalidades de arraigo (social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad). “Cuenta con el apoyo de numerosas ONGs y de la cúpula de la Iglesia Católica. Pero choca con el discurso cada vez más radical de las derechas: el PP votó recientemente con Vox en el Congreso una proposición de ley, presentada por la extrema derecha, a favor de restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo”.
