Román Rodríguez, secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) asegura que las formaciones progresistas deben hoy centrar sus esfuerzos “en la defensa de las libertades y los derechos sociales y cívicos, del autogobierno y de los servicios públicos”. Algo esencial en un momento en que la extrema derecha trata de cercenar los derechos y libertades, eliminando conquistas de las mujeres, de los colectivos LGTBI, “buscando convertir en insignificante el papel del Estado. De afianzar un modelo autoritario que pretende el fortalecimiento de los privilegios de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. De construir un mundo mucho más injusto y desigual que el actual, en el que impere el más feroz y egoísta individualismo”.
En esa encrucijada considera lamentable que algunos piensen y digan que el eje de la actuación política debe girar exclusivamente en reclamar a Madrid más dinero para farolas y rotondas, desde una visión mercantilista y sin rastro de orientación progresista. Olvidando por completo que, además de abordar los pequeños y grandes problemas cotidianos, en esta etapa resulta fundamental y prioritario hacer frente a los graves riesgos que sufren la democracia, la libertad, el autogobierno y el estado social. Lo que parecen obviar cuando se colocan voluntariamente en el espacio conservador al definirse “ni de izquierdas ni de derechas”.
El secretario de Programas de NC-bc considera que la actual deriva ultraconservadora “afecta a los programas sociales y a las intervenciones estatales que buscan alcanzar una sociedad más equilibrada, con mayor equidad, con menores niveles de pobreza y más y mejor integración, tanto de los autóctonos como de las personas migrantes. En materias como prestaciones a desempleados, ayudas energéticas o de transporte; así como las propias pensiones de jubilación públicas”.
Rodríguez destaca que la negación de la violencia de género es uno de los mantras de la extrema derecha. “Resulta vergonzosa la voluntaria ausencia de sus cargos públicos, mujeres y hombres, cuando una corporación convoca un minuto de silencio como muestra de repulsa ante el asesinato de una mujer por su pareja o expareja. Aunque las cifras de crímenes y maltrato sean escandalosas y evidencian la existencia de un grave problema social, los ultras lo niegan al tiempo que atacan al feminismo que ha sido determinante en los avances de las mujeres en materia de igualdad”.
Igualmente sucede en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo que tratan de impedir en los lugares donde gobiernan, como viene haciendo el trumpismo en Estados Unidos o, en la Unión Europea, naciones como Hungría o Polonia. “En este asunto, en el Estado español cuentan con la inestimable cooperación de un PP que recientemente ha manifestado posiciones, con Ayuso a la cabeza, que no se alejan mucho de las que exhiben los grupos ultras más radicales”.
También peligran los derechos conquistados por la comunidad LGTBI en las últimas décadas, con cambios legislativos muy relevantes. Vox boicotea los actos del Orgullo y la presencia de la bandera arcoíris en las instituciones en la reivindicativa fecha. Potencia la homofobia en la sociedad. La misma que luego algunos descerebrados muestran brutalmente en las calles en forma de insultos, acosos y palizas.
Retroceso social
La ultraderecha, señala Román Rodríguez, está desarrollando un ataque planificado contra los avances experimentados en las últimas décadas en numerosos planos: igualdad entre mujeres y hombres, derechos LGTBI, programas de lucha contra la pobreza, solidaridad y cooperación internacional, pensiones públicas, derechos migratorios… Y apunta a que «ello obliga a las personas progresistas y al conjunto de los demócratas a actuar de forma decidida para evitar un profundo retroceso social y el fin de la democracia. Para ello resultan esenciales la concienciación, la movilización, la organización y los máximos niveles de unidad”.
