Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) denuncia la pasividad del Gobierno CC-PP frente a los escandalosos datos de pobreza y exclusión social de las Islas que recogen distintos informes recientes. Estudios que muestran una sociedad en que la riqueza se concentra en un porcentaje pequeño de su población y se redistribuye poco. Destacando el impacto de los gastos en vivienda en un mayor empobrecimiento de los sectores más vulnerables, afectando también a trabajadores y clases medias; así como la relevancia de medidas como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Ciudadanía. Una realidad ante la que se hace preciso actuar y que este Gobierno no afronta, como se vio en los Presupuestos canarios para este año -solo 33 millones más de los 1.121 en que aumentó-, y como volverá a ocurrir en las cuentas públicas para 2025.
Investigaciones como La desigualdad en riqueza en Canarias o el XIV Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015, muestran una Canarias con más de un tercio de su población en situación de riesgo de pobreza y exclusión y escasa movilidad social, es decir, en la que es muy difícil mejorar la posición socioeconómica personal o familiar. Paradójicamente, la primera medida del Gobierno de las dos derechas fue eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que grava, precisamente, la transmisión de la riqueza. No hay duda a quién favorecen.
Los informes destacan el impacto que tiene la vivienda sobre el empobrecimiento, al detraer su pago más de un tercio de los ingresos de la población más pobre. Una grave situación que lleva al Banco de España a solicitar “un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial” y la asignación de recursos que prioricen “actuaciones sobre los colectivos más vulnerables”.
Varios de estos estudios concluyen que las medidas adoptadas frente a la parálisis económica que supuso la Covid, así como otras menos coyunturales dirigidas a apoyar a las personas más vulnerables -Ingreso Mínimo Vital o Renta Canaria de Ciudadanía-, han evitado mayores niveles de empobrecimiento. Lo que confirma que es imprescindible su consolidación como derechos sociales, como hemos venido defendiendo.
Para NC-bc los compromisos se deben reflejar en los presupuestos. Con el Pacto de Progreso el incremento presupuestario en el área de servicios sociales fue consolidándose, alcanzando en 2023 los 669,6 millones de euros frente a los 462,5 que nos encontramos en 2019, un incremento de 207 millones (del 44,8%, frente al 29,6% del conjunto de las cuentas públicas). El Gobierno CC-PP, en su primer presupuesto para 2024, pese a contar con el gasto más expansivo de la historia de Canarias, habiendo incrementado 1.121 millones de euros (+11,0%) con respecto a 2023, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familia solo tuvo un insignificante aumento de 33 millones más en relación con el ejercicio del 2023, creciendo por tanto en un ínfimo 4,9%.
Además, con relación a las partidas destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, en los presupuestos para 2024 resulta ridícula la cantidad aumentada, siendo de solo 7 millones de euros en el programa Fomento de la Inclusión Social, que va destinado a la Renta Canaria de Ciudadanía.
Debemos aspirar a una sociedad canaria mucho más justa y equilibrada, con mejor distribución de la riqueza y afrontando sus intolerables niveles de pobreza. Para ello resulta esencial, en primer lugar, más y mejor empleo, con políticas activas y formación, así como con salarios más elevados que acaben con la extendida realidad de personas con empleo, pero empobrecidas.
Políticas públicas
Precisamos de unos presupuestos que garanticen unos servicios públicos potentes y bien financiados que contribuyan a una redistribución de recursos en clave de equidad. Y, en consecuencia, una fiscalidad justa y progresiva (y no rebajas fiscales a los que más tienen, como hace el Gobierno de Canarias de las dos derechas) que posibilite ese fortalecimiento del sector público.
Además, debe producirse un profundo cambio en las políticas de vivienda, hoy un factor de empobrecimiento para amplias capas sociales. Desarrollando integralmente el vigente Plan de Vivienda, incrementando el parque de casas protegidas, con un adecuado control del alquiler vacacional y medidas destinadas a sacar al mercado una parte de las 210.000 viviendas vacías del Archipiélago, con programas como el de alquiler seguro que ha propuesto NC-bc. Y, asimismo, hay que seguir extendiendo y simplificando el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía, para afrontar la desigualdad y avanzar en la cohesión social.
Se trata de implementar y desarrollar un conjunto de medidas indispensables si queremos modificar una vergonzante realidad, la de los elevados niveles de pobreza y exclusión social, que impide desarrollar una vida digna a cientos de miles de canarios y canarias.
