El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, demandó hoy al Gobierno de CC y el PP que “rectifique y apruebe” una moratoria temporal de nuevas autorizaciones para viviendas vacacionales hasta la aprobación y entrada en vigor de la ley proyectada. El diputado canarista preguntará mañana martes al presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, en el pleno, ante la “confirmación de la avalancha” producida desde el anuncio de la regulación de esta actividad. Campos alertó de que el alquiler vacacional ya supone más del 44 por ciento del total de las plazas de alojamiento turístico del Archipiélago.
Luis Campos lamentó que la evolución creciente de esta actividad “haya terminado por darnos la razón”. Desde el pasado mes de abril, NC-BC presentó distintas iniciativas, en el Legislativo, para frenar la concesión de nuevas autorizaciones hasta la aprobación y entrada en vigor del Proyecto de Ley (PL) de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda. Todas, remarcó, fueron rechazadas por los grupos que sustentan al Ejecutivo de CC, el PP, la ASG y la AHI. Hoy, según denunció, es un “hecho, se ha producido una avalancha” de autorizaciones.
Según los datos actualizados en Canarias dados a conocer por la Consejería de Turismo y Empleo, a mediados del pasado mes de junio había registradas 59.007 viviendas vacacionales, que suponían 242.685 plazas. Si el Archipiélago, en total cuenta con 545.344 plazas de alojamiento turístico entre hoteles, apartamentos y vivienda vacacional; Campos alertó de que las plazas de los pisos turísticos ya suponían, hace tres meses, el 44,5 por ciento. Un porcentaje que ya se habrá quedado pequeño, advirtió.
Aunque la consejería responsabilidad de Jessica de León cumpla con sus previsiones de registrar el PL en el Parlamento, a finales de este mes de septiembre, el portavoz de NC-BC indicó que, en ningún caso, se aprobará la norma antes de final del próximo mes de noviembre y tampoco será fácil que sea así antes de que finalice diciembre, como plantea la Consejería de Turismo.
Tras volver a defender la necesidad de disponer de una ley reguladora, el “imparable” aumento de las licencias, “una de las causas que han tensionado” el acceso a una vivienda para residentes como pusieron en evidencia las multitudinarias manifestaciones de protesta del pasado 20 de abril bajo el lema de Canarias tiene un límite, han terminado por “darnos la razón”, indicó Luis Campos.
“No era necesario ser un visionario” para alertar de este arrollador crecimiento y defender la implantación de una suspensión temporal de nuevas autorizaciones hasta la aprobación del proyecto de ley. Desde Nueva Canarias-BC “pretendimos contribuir, pero éstas son “las consecuencias” de que el pacto de las dos derechas canarias “no deje espacio a la participación” al resto de las organizaciones con representación en el Legislativo.
Otro ejemplo de estas prácticas criticadas por Campos fue lo acontecido con el Programa Canario de Alquiler Seguro propuesto por la diputada de NC-BC Carmen Hernández para promover el arrendamiento de las 211.000 viviendas vacías existentes en las islas, con las que comenzar a responder de manera rápida a los graves problemas para acceder a una residencia ya sea mediante la compra o el alquiler.
“Incapacidad para el diálogo y la búsqueda consensuada de soluciones” a problemas de la ciudadanía del gabinete de Clavijo que el portavoz canarista reconoció que “no es una sorpresa ya que rechazan las iniciativas positivas de otros miembros de su propio Ejecutivo”. Se refería al director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, quien reconoció que debería estudiarse una moratoria temporal para los pisos turísticos.
Cada vez son “más las voces”, tal y como observó Luis Campos, que reclaman esta medida. Entre las más representativas, citó al Cabildo de Tenerife presidido por Rosa Dávila y de Lanzarote responsabilidad de Oswaldo Betancort, ambas instituciones gobernadas por un pacto entre CC y el PP. También Fuerteventura, presidida por Lola García y cuyo grupo de gobierno está formado por CC y el PSOE. Por último, la Corporación Insular de Gran Canaria, regida por Antonio Morales con un acuerdo de gobierno de NC-BC con los socialistas.
