Es por ello que manifiestan su preocupación por el deficiente funcionamiento para la recogida y tratamiento del amianto en los municipios de Gran Canaria. Este hecho está suponiendo que gran cantidad de estos vertidos, altamente contaminantes, sean abandonados en lugares públicos por parte de la población, ante la escasa gestión por parte de los Ayuntamientos de Gran Canaria, que son las Administraciones públicas responsables de la retirada de los vertidos que se produzcan en su territorio.
El amianto o asbesto es un compuesto químico utilizado en la industria de la construcción, perteneciente a la familia de los silicatos, con el cual se fabrican materiales de fibrocemento, tales como: planchas onduladas para techados (uralita), tuberías y depósitos de agua (bidones), etc.
En el año 2001 se prohibió su producción y comercialización, según Orden de 7 de diciembre de 2001, debido a que el manejo de este tipo de silicatos provoca enfermedades graves, como el cáncer, en las personas que respiran las fibras del amianto o están en contacto permanente con este tipo de silicatos.
Así, según establece el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, los trabajos de desmantelamiento de este tipo de materiales deben llevarse a cabo por empresas que cumplan un estricto plan de trabajo para su manejo, en el cual se establecen las medidas de seguridad laboral pertinentes para los trabajadores que manipulen este tipo de materiales peligrosos. Por tal motivo, no se permite a la población en general que retire y/o manipule por sí mismo el fibrocemento, pues podría provocar enfermedades cancerígenas, así como sanciones económicas.
En este mismo sentido, la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obligó a que, en el plazo de un año desde la aprobación de esta ley, los ayuntamientos elaboraran un censo de instalaciones y emplazamientos del amianto, así como un calendario de retirada. Además, establece que las instalaciones y emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028 (Disposición decimocuarta).
Así, en vistas de la incapacidad operativa de los ayuntamientos grancanarios de realizar dicho censo, en el plazo y forma establecido por la Ley de economía circular, ha sido el Cabildo el que realiza, en la medida de sus posibilidades, esta función asignada a las Corporaciones municipales. Para ello, El Cabildo de Gran Canaria ha abierto varias convocatorias públicas para que la ciudadanía solicitara la retirada gratuita de los elementos de amianto en sus propiedades (viviendas, garajes, etc.).
Sobre lo expuesto, el Colectivo Ecologista Turcón manifiesta que el resultado de estas campañas de retirada en los inmuebles particulares es insuficiente y excesivamente lento; pues tal como publica el Cabildo de Gran Canaria en su web[1], en la primera campaña de 2021 solo se retiró este material en 193 viviendas en toda la isla. En la segunda campaña llevada a cabo por la corporación insular, cuya convocatoria para inscribirse finalizó el 31 de diciembre de 2021, y en una tercera convocatoria que cerró su plazo de solicitudes el 02 de octubre de 2023, se ha continuado con este censo y retirada, pero sin que se observe un avance importante en la retirada de estos materiales debido a la gran demanda y la escasa capacidad operativa de la empresa adjudicataria de este servicio, el consorcio Hidra; la cual está realizando la encomienda establecida en la licitación del concurso público atendiendo a los intereses del coste-beneficio de la propia empresa. Así, este parece ser el motivo que eterniza la gestión para la retirada de estos residuos. Mientras, son muchos los ciudadanos que siguen esperando a que suene el teléfono, para que le vengan a retirar el antiguo techo de uralita de su garaje.
El resultado de la lentitud con la cual se está llevando este servicio, que debe ser realizado por cada Ayuntamiento en su propio municipio, pero que ha sido licitado por el Cabildo de Gran Canaria, es que muchas personas se cansan de esperar por la empresa adjudicataria, y, por su cuenta y riesgo, desinstalan y abandonan los vertidos de amianto en cualquier lugar, pues a sabiendas de que en los Puntos Limpios no se los recogen, terminan por volcar las planchas, tuberías y bidones en cualquier lugar de la isla, a pesar de que la sanciones económicas van desde los 30 mil hasta los 60 mil euros[2].
La otra opción que sigue teniendo la ciudadanía en Gran Canaria es sufragar por su cuenta los gastos de retirada del amianto, sin esperar por la empresa adjudicataria que lo realiza gratis; para ello deben acudir a alguna de las entidades del Registro de empresas con riesgo de exposición al amianto autorizadas para su retirada, recogidas en el RD. 396/2006, de 31 de marzo. Pero la realidad es que pocos son los que están dispuestos a pagar más de 1000 euros de su bolsillo para retirar dos o tres bidones de la azotea, y de ahí, que muchos opten por asumir por su cuenta la operativa, ilegal, de desmontaje y abandono de estos vertidos en cualquier lugar de la geografía grancanaria.
Desde el Colectivo Ecologista Turcón-Ecologistas en Acción instamos a los Ayuntamientos de Gran Canaria a que asuman su responsabilidad en la retirada de estos vertidos ilegales. Asimismo, invitamos al Cabildo de Gran Canaria a que interceda para mejorar este servicio de recogida de amianto ante la empresa adjudicataria, a pesar de que nos es responsabilidad directa suya, así como amplíe el presupuesto en próximas convocatorias para que se reduzca el tiempo de espera por parte de la ciudadanía, a la cual invitamos a que no realice vertidos ilegales.
