Drago Gran Canaria exige al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias que actualicen el importe de las subvenciones en favor de la Casa de la Esperanza de Agaete, una comunidad terapéutica para la atención de personas con adicciones, que tal y como anunció Cáritas Diocesana en Canarias, tiene previsto el cierre de manera inminente.
Según informó el personal del propio centro a Drago Gran Canaria, los importes concedidos por Cabildo y Gobierno llevan congelados desde hace varios años, y Cáritas ya no puede hacerse cargo de los sucesivos incrementos en los costes de personal.
Con este previsible cierre de la comunidad, centenares de usuarios van a verse abandonados, sin que existan recursos alternativos a los que tanto ellos como sus familiares y allegados puedan acudir para ser atendidos. Además, con esta decisión se pone en riesgo el empleo de once personas trabajadoras, que denuncian que no van a ser reubicados en otros centros de trabajo.
Es por ello que el portavoz de Drago Gran Canaria, Luis de la Barrera, demanda a los partidos políticos que se encuentran al frente de ambas instituciones que “este tipo de recursos que están dirigidos a personas en situación de extrema vulnerabilidad social deben transformarse en auténticos servicios públicos”
En este sentido, De la Barrera subrayó que “tienen que ser públicos para que no dependan de decisiones privadas, de la caridad, de la voluntad política o de externalizaciones a multinacionales del asistencialismo, sino que se encuentren dentro del catálogo de los derechos básicos en materia de servicios sociales, como cuarto pilar del Estado de Bienestar”.
Por último, el portavoz de Drago Gran Canaria declaró que “ya este sábado, 19 de octubre, tuvo lugar la manifestación en defensa del servicio” y señaló que “la población ya se ha expresado, ahora le toca a la Administración actuar”.
