La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, presentará en la Cámara Baja un Proyecto No de Ley para instar al Gobierno de España a que dé una solución digna a los profesionales de la Abogacía y la Procura quienes, llegada su jubilación, cobran contribuciones “que están incluso por debajo de las pensiones no contributivas”. Así lo ha señalado este miércoles la diputada en funciones tras reunirse con representantes de los abogados y los procuradores afectados por la Mutualidad de la Abogacía, de Procuradores y de Alter Mutua. Fernández se ha comprometido a registrar esta iniciativa si el próximo 23 de julio Coalición Canaria mantiene el escaño en el Congreso de los Diputados.
Con todo, ha explicado que hay más de 15.000 afectados en toda Canarias, 100.000 en España, “y lo que nos trasladan es una situación tan grave como que después de más de 30 años trabajando y haciendo aportaciones a la Mutualidad para poder tener una jubilación digna, se encuentran con pensiones de 433 euros”.
En este sentido, lamentó que desde la Mutualidad se esté llevando a cabo una gestión opaca, con falta de información hacia estos profesionales “que desde el año 86 hasta 1995 no tuvieron otra opción más que ser mutualistas si querían ejercer su profesión de manera liberal”.
Por su parte, la abogada portavoz de la comisión de trabajo del Movimiento #J2 en la provincia de Las Palmas, formado por profesionales de la abogacía y la procura, Isabel Espino, aclaró que a pesar de que la Mutualidad, con la colaboración de los colegios profesionales siempre prometió que, incluso pagando menos que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los mutualistas recibirían pensiones similares o más altas que las del sistema público, la realidad es que actualmente se abonan unas rentas vitalicias de entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA, y en muchos casos, por debajo de la pensión no contributiva.
En este sentido, demandan la posibilidad de establecer una pasarela de traslado al RETA que les permita tener la opción de acceder al sistema público de la Seguridad Social para tener unas pensiones dignas, exenciones fiscales a la hora de recuperar los fondos aportados a la Mutualidad, y unas mejores condiciones de jubilación para la Abogacía y la Procura.
