En los últimos años, Canarias se ha convertido en un punto clave de la crisis migratoria en España. Su proximidad con África y su posición estratégica han hecho de estas islas la puerta de entrada para miles de personas que buscan un futuro mejor. Sin embargo, esta situación, unida a la ocupación ilegal de viviendas, ha generado una creciente preocupación en la población. ¿Estamos ante una crisis humanitaria o ante un problema de gestión política?
Una presión migratoria sin precedentes
La llegada de inmigrantes a Canarias ha crecido de forma alarmante en los últimos años. Las rutas marítimas son cada vez más peligrosas, y la falta de coordinación entre el Gobierno español y la Unión Europea ha convertido el archipiélago en un territorio de acogida sin recursos suficientes. Mientras tanto, la población local ve cómo los centros de internamiento se desbordan, los servicios públicos se colapsan y las infraestructuras no dan abasto.
Más allá del drama humanitario, la realidad es que muchos canarios sienten que su voz no es escuchada. No se trata de racismo o xenofobia, sino de la sensación de abandono por parte de las instituciones. Los ciudadanos perciben que las ayudas y los recursos se destinan a la inmigración mientras problemas como el desempleo, la precariedad laboral o el acceso a la vivienda quedan relegados a un segundo plano.
Ocupación de viviendas: entre la necesidad y la ilegalidad
Paralelamente, el problema de la ocupación ilegal de viviendas ha crecido de forma preocupante. Existen dos tipos de ocupación: por un lado, familias en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a una vivienda digna y se ven obligadas a ocupar inmuebles abandonados. Por otro, mafias organizadas que se aprovechan de la falta de control para lucrarse con la okupación ilegal.
Los propietarios, especialmente aquellos con segundas residencias o viviendas heredadas, denuncian que la ley no los protege. Desalojar a un okupa puede convertirse en un proceso largo y costoso, mientras que las soluciones habitacionales para quienes realmente lo necesitan siguen siendo insuficientes.
Falta de soluciones y descontento ciudadano
El problema no radica en la llegada de inmigrantes ni en la ocupación en sí misma, sino en la falta de una gestión eficaz. Si hubiera un control adecuado en las fronteras, una política de inmigración clara y soluciones habitacionales accesibles para todos, la situación sería distinta.
Las autoridades deben dejar de mirar hacia otro lado y ofrecer soluciones reales. Es necesario reforzar la vigilancia en las costas, agilizar los trámites de repatriación y, al mismo tiempo, garantizar que quienes realmente necesitan protección puedan acceder a ella de forma legal y ordenada. En cuanto a la ocupación, se debe diferenciar entre familias vulnerables y ocupaciones mafiosas, asegurando que la ley proteja a los propietarios sin dejar desamparadas a las personas en riesgo de exclusión.
Conclusión: Canarias no puede soportarlo sola
Canarias no puede seguir siendo la única que cargue con esta situación. Es imprescindible que el Gobierno español y la Unión Europea se impliquen con medidas concretas. No se puede seguir improvisando ante una crisis que afecta tanto a los inmigrantes como a la población local.
