El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha solicitado hoy al gobierno municipal (PSOE, Podemos y NC), que identifique y declare aquellas zonas que entren dentro de la clasificación de ‘degradadas’, de acuerdo con la definición recogida en el programa 12 del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
Esta solicitud será trasladada y debatida formalmente este viernes a través de un acuerdo que la formación nacionalista elevará en la sesión plenaria de marzo, en el que instarán a la corporación municipal a evaluar la situación de los diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de determinar si entrarían dentro de la clasificación de ‘zonas degradadas’.
“Creemos que, junto a la política de reposición y de construcción de vivienda para nuevos demandantes, es fundamental trabajar en mejorar el parque existente”, indicó Suárez en un encuentro con los medios en Barrio Atlántico, una de las zonas que a juicio del edil capitalino entraría dentro de la citada clasificación. El acuerdo, así mismo, solicita al ICAVI (Instituto Canario de la Vivienda) la rehabilitación de esas zonas tras su declaración.
La moción que elevarán este viernes insta además al Gobierno de España “a que incremente las partidas destinadas al programa 12 del plan mencionado, dada la gran demanda de rehabilitación que hay actualmente en Canarias”, recuerda el portavoz nacionalista en la capital grancanaria.
Suárez recuerda que en la capital grancanaria existen una gran cantidad de barrios “que requieren de una urgente intervención en materia de rehabilitación y mejora de sus edificaciones”, y que sin llegar a necesitar una reposición “sí demandan la captación de recursos para evitar que en el medio y largo plazo esas zonas deban ser repuestas en su totalidad”, añade.
Un caso significativo es el de diferentes urbanizaciones del barrio Atlántico, donde numerosos vecinos se enfrentan serias dificultades para hacer frente a los costes derivados de la rehabilitación de sus fachadas y otros elementos estructurales esenciales. “En estas labores de mantenimiento preventivo debe intervenir y apoyar la administración pública, pero para ello lo primero debe ser identificar esas zonas”, asevera.
Muchas de estas edificaciones, construidas hace décadas, presentan un alto grado de deterioro debido al paso del tiempo, la exposición a condiciones climatológicas adversas y la falta de mantenimiento adecuado. “La situación se agrava debido a la imposibilidad económica de muchas familias para asumir los gastos de rehabilitación, lo que genera un impacto negativo no solo en la calidad de vida de los residentes, sino también en la imagen y seguridad del entorno”, concluye Suárez.
