La implantación de infraestructuras de energía fotovoltaica sobre suelo rústico, desvinculadas de demandas de energía eléctrica concretas, es un fin que prioriza a grandes promotores y no un medio para potenciar iniciativas comunitarias o proyectos pequeños que beneficien directamente a la población local.
Por ello resulta imprescindible la prohibición de su emplazamiento en este tipo de suelo para garantizar la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria y la justicia social. Así lo cree el colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, que ha presentado un pliego de alegaciones al proyecto de decreto de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias por el que se regula la participación local en el desarrollo de proyectos de energías renovables.
Para Turcón esta propuesta de decreto llega tarde y mal, pero, con todo, puede ser una oportunidad para reorientar el actual modelo de transición diseñado por las administraciones canarias, totalmente agresivo contra el territorio, el paisaje, los valores ambientales y culturales, y las personas, incorporando nuevos criterios de mayor justicia social y ambiental.
En consonancia con lo anterior, los ecologistas entienden que el desarrollo de plantas fotovoltaicas debe integrarse en superficies urbanizadas y/o urbanizables como cubiertas de edificios públicos y privados, aparcamientos, áreas comerciales, naves industriales y zonas comunes de áreas industriales y comerciales, cubiertas de depósitos de agua, infraestructuras públicas, etc.
El colectivo advierte que la implantación en suelo rústico, sin análisis rigurosos sobre el impacto de los usos del suelo, puede alterar ecosistemas, afectando hábitats de especies protegidas o a corredores ecológicos, interrumpen la continuidad de paisajes naturales y dañan servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica y el secuestro de carbono.
El documento de alegaciones presentado, reclama; así mismo, la incorporación de evaluaciones rigurosas de los impactos sociales, económicos y ambientales de los proyectos en las comunidades locales y el refuerzo de las evaluaciones de impacto ambiental para priorizar el uso sostenible del territorio.
Turcón-EeA apuesta por modelos cooperativos que permitan la participación directa de la población en la generación y consumo de energía renovable y el incentivo de proyectos que integren medidas de gestión de la demanda para minimizar el uso de infraestructuras de almacenamiento y transporte.
