La vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, ha denunciado este miércoles la ausencia de auxiliares educativos en centros del Archipiélago donde su presencia es fundamental para dar apoyo a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
Para Máñez, este déficit de personal especializado en las aulas es un problema que viene arrastrando la Consejería de Educación desde el pasado curso, especialmente en islas como Fuerteventura o Lanzarote, perjudicando con ello no solo a una parte sensible del alumnado sino también a las familias y a los propios centros.
La representante socialista ha recordado al consejero del área, Poli Suárez, su obligado compromiso con una enseñanza inclusiva de calidad y ha exigido una solución urgente para esta demanda que «provoca discriminación y vulnera derechos» y que es fruto de «una mala planificación por parte de su consejería».
Frente a ello, ha recordado el esfuerzo y los avances logrados por el gobierno del pacto de las flores: «Llegamos con un presupuesto de 3,6 millones de euros y lo dejamos con 14 millones, y con un pliego para sacar a concurso que incorporaba muchísimas mejoras, entre otras, la formación necesaria e imprescindible para estos perfiles profesionales, incluyendo un grado medio de atención a personas dependientes».
En opinión de Elena Máñez, se demuestra una vez más «la escasa motivación que despiertan en Coalición Canaria y Partido Popular los derechos de la ciudadanía y los pilares del Estado del bienestar».
«No es serio ni responsable que se repitan los errores del curso pasado y que existan islas donde ha comenzado el curso con tantas plantillas de centros educativos incompletas, con vacantes y sustituciones sin hacer», se ha quejado Elena Máñez, añadiendo que «hablamos de una realidad que sufre gravemente toda la comunidad educativa y que ataca, en particular, el derecho a la inclusión y la equidad consagradas en la normativa educativa».
Recuerda que la inclusión «es una realidad a la que los centros educativos no son ajenos» y que, para garantizar su correcto abordaje, exige «los recursos y personal» que en la actualidad «no está desarrollando» el Gobierno de Canarias.
