El abogado José Antonio Tuero, del prestigioso despacho Martínez- Echevarría y representante legal de la asociación Tierra Bonita en la querella criminal por la gestión de la catástrofe volcánica de 2021 La Palma, afirma no comprender la “falta de voluntad” del Juzgado de Los Llanos de Aridane en abrir una investigación para esclarecer los hechos pese a que existen “indicios muy sólidos de la comisión de un delito” al no evacuar a la población antes de una erupción que era inminente.
En este sentido, Tuero espera que la Audiencia Provincial, ante la que ha recurrido este sobreseimiento, ordene reabrir el caso, y se investiguen estos indicios que apuntan a que no se cumplió con el principio de precaución al no alejar a la población del peligro y, por tanto, se cometió “una negligencia delictiva” que provocó que muchas personas pusieran su vida en riesgo y no pudieran salvar enseres, objetos personales y animales. En la calificación jurídica de los hechos, aclara Tuero, Martínez – Echevarría defiende que se trata de presuntos delitos de prevaricación y de daños.
En declaraciones al diario solidario ElValledeAridane.com, editado por Tierra Bonita gracias al libro benéfico Las otras historias del volcán, el abogado muestra su desacuerdo con los argumentos dados por la jueza instructora de Los Llanos para archivar el caso, en el sentido de que no se han identificado a los afectados en la denuncia, “cuando precisamente hay un registro único público de todos y cada uno de los damnificados”, y de que la asociación denunciante no es parte perjudicada, cuando la conforman afectados por el volcán.
En cuanto a la denegación, por el Gobierno canario la pasada legislatura, de divulgar las actas y grabaciones de las reuniones del comité científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) antes de la erupción, el letrado de Tierra Bonita sostiene que esa reticencia “incrementa más, si cabe, las sospechas de una negligencia absoluta”. Desde su punto de vista, es “revelador que la Administración ignore la Ley de Transparencia”.
Al respecto, apunta que precisamente una de las pruebas que se pide recabar en vía penal son esas actas y grabaciones, “con las que se podría comprobar fácilmente si hubo o no esa negligencia”, por lo que al despacho de abogados, confiesa, le ha “sorprendido” que ni la jueza ni la Fiscalía hayan querido esclarecerlo. “Hay unos intereses en determinados órganos de que esto no trascienda”, se queja.
Con esta actitud, reflexiona el abogado, “la Administración pública se está protegiendo de su negligencia y negando a los administrados su derecho a defenderse, porque esa documentación es lo que en los procedimientos de reclamación patrimonial en la vía contencioso administrativa puede probar que existe una responsabilidad por la gestión de la emergencia”
SOSPECHOSA CONDUCTA DE ALGUNOS CIENTíFICOS
Para el abogado de Martínez & Echevarría, las contradicciones y los giros de versión en que han incurrido personas del mundo científico que formaron parte del comité del PEVOLCA merecen la calificación de “muy sospechosos”. Es el caso, recuerda, de la entonces portavoz del comité científico del PEVOLCA, María José Blanco (IGN), quien manifestó ante el Parlamento canario que un día antes de la erupción todos esos expertos estaban de acuerdo en que la erupción sería «inminente» y, por tanto, eso implicaba para las autoridades debieron subir el nivel de alerta de amarillo a naranja, y evacuar a la población, lo cual no se hizo. Pero al día siguiente, ante el revuelo ocasionado por estas declaraciones, la entonces directora del IGN en Canarias reculó y dijo que todo se hizo de forma coordinada entre científicos y políticos; y posteriormente acabaría declarando en prensa que no había tal inminencia.
Otro episodio que ve “sospechoso” es el protagonizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que publicó en la revista del Consorcio de Seguros en diciembre de 2021 un artículo firmado por 23 científicos en el que argumentaban cómo advirtieron al Ejército y a las autoridades civiles en el PEVOLCA de que la erupción iba a producirse en 24 horas; y cuando una asociación de afectados, 15 meses después, puso el foco en ese artículo, el IGME ordenó retirarlo alegando que uno de ellos mismos lo redactó con “múltiples errores y hechos que no se produjeron».
“Sin ninguna duda estamos ante hechos sospechosos, pues cuando estos científicos tienen conocimiento de que se van a iniciar acciones penales, se desdicen con unas excusas que, en el caso del IGME, son peregrinas”, remacha el representante legal de Tierra Bonita. Y añade: “A nosotros nos parece de una gravedad extrema que una institución científica diga una cosa y luego otra diferente”.
LA INDIGNACIÓN DE LOS AFECTADOS
Por todo ello, le parece “muy revelador” el que, dos años después del inicio de la erupción, la práctica totalidad de las asociaciones y plataformas de afectados se unan para rechazar la concesión de un premio a la gestión del PEVOLCA, como fue el galardón que concede la revista UCESIM. Y en sintonía con esta queja, Tuero apunta que “no solo la gestión de la emergencia al no evacuar fue desastrosa, sino que, en nuestra opinión, ha sido incluso delictiva”.
Y en esta línea se congratula también de que varias decenas de afectados, recientemente dieran el paso de presentar ante el Juzgado de Los Llanos escritos de denuncia en los que aportan su testimonio y datos de los enseres y animales que no pudieron salvar por no ser avisados con antelación pese a la inminencia de la erupción, pidiendo además adherirse a la querella penal. Desde su punto de vista, “estas personas no solo están legitimadas jurídicamente para denunciar, sino que también están legitimadas moralmente, y está claro que son los propios afectados los que quieren que se investigue por qué se no se tomaron las decisiones adecuadas”.
