ARTÍCULO DE OPINIÓN Una rebaja del IBI portuario insuficiente y electoralista Lidia Cáceres Godoy

Es incuestionable la importancia que tiene el Puerto en el desarrollo de nuestra ciudad y de toda la isla. Está en manos del Ayuntamiento mejorar las condiciones del primer motor económico de Las Palmas de Gran Canaria favoreciendo la competitividad de las empresas del sector portuario con una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales.

La solicitud de reducción de este tipo impositivo es un ruego del sector portuario que está cerca de convertirse en una demanda histórica. Este tributo se encuentra en nuestro municipio en el máximo legal desde el año 2009, momento en el que se realiza una subida del 116%, incrementándose del 0,6 al 1,3. Esto hace que este ayuntamiento pase de ingresar cerca de 1,5 millones de euros anuales a superar los tres millones de euros de recaudación en este concepto. Así, es el propio alcalde Augusto Hidalgo quien se compromete con el sector a estudiar dicha reducción en diciembre de 2015.

Y sucede de nuevo en 2017 cuando, a propuesta de Ciudadanos, se llega al siguiente acuerdo de Pleno: “Dada la solvencia económica de este ayuntamiento, estudiar todas las opciones fiscales que reviertan favorablemente en la ciudadanía con vistas al ejercicio presupuestario de 2019”. El primer edil aseguraba entonces que “vamos a estudiarlo, pero nunca antes de cualquier mejora que revierta directamente al conjunto de los ciudadanos, eso desde luego”.  Volvemos a pedirlo en 2019 con similares promesas y declaración de intenciones pero ningún resultado.

Y eso que las circunstancias económicas que se viven en el mundo desde el comienzo de la crisis sanitaria ponen de manifiesto, más aún si cabe, la necesidad de una reducción impositiva que beneficiaría a toda la ciudadanía, pues supondría una iniciativa que favorecerá el mantenimiento y la creación de empleo en el municipio.

Y hete aquí que finalmente, casi al término de 2022, tras dos mociones y siete años, el tripartito atiende a aplicar una rebaja. Eso sí, olvida al resto de la ciudadanía que había prometido incluir. Más vale tarde que nunca, en cualquier caso, aunque hayamos perdido muchísimo tiempo, oportunidades y competitividad en el camino pero es que la cantidad nos parece claramente insuficiente. El tipo impositivo se reduce del 1,3 al 1,135; lo que supone un ahorro de tan solo unos 357.000 euros. Una falta de ambición en la rebaja únicamente comparable al tiempo que ha tardado en adoptarse la medida y que supone que sea a todas luces tardía e insuficiente. Y la única explicación posible, sin acritud, es la cercanía a las elecciones.

El grupo de gobierno debe facilitar el crecimiento de las empresas que sean  generadoras de empleo y hacerlo de verdad, no con medidas como esta que son más efectistas que efectivas. De hecho, nos sitúa aproximadamente al nivel del puerto de Santa Cruz de Tenerife (1,185), un enclave sin duda importante pero que no es de ninguna manera el único espejo en el que mirarnos. Hay que ser más ambiciosos porque nuestra área de acción es internacional y precisamos de mayor competitividad.

Valga como ejemplo y solo hablamos de otros puertos españoles, los gravámenes de  Vigo (0, 873) o Barcelona (0,80). Estas ciudades entienden que gravar al máximo legal los recursos de sus empresas portuarias es una política cortoplacista que hipoteca el potencial crecimiento futuro. Y no olvidemos otros como el de Tánger en el estrecho o Sines, en Portugal, que están creciendo mucho.

Nuestra competencia es internacional y necesitamos ser competitivos teniendo en cuenta además que frente a la Península el costo insular supone un hándicap y no contamos con ninguna conexión terrestre. Por todo ello aún hay tiempo para replantearse la bajada antes del término de la legislatura e incluir no solo los trámites para el IBI solar sino una rebaja para toda la ciudadanía como prometió el grupo de gobierno. Hay que apostar por una reducción más ambiciosa y efectiva que se acerque al 0,6 que se aplicaba en 2009. En la situación actual y siendo un territorio insular sería lo más aconsejable. No son tiempos de cubrir el expediente con medidas insuficientes que puedan venderse electoralmente aunque no solucionen nada.