En la comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, NC-BC volvió a interrogar a la consejera Candelaria Delgado por las medidas para reforzar las inspecciones en los centros sociosanitarios ante el aumento significativo de las denuncias por parte de profesionales y familias, relacionadas con irregularidades en los referidos centros, tanto públicos como privados.
Reclamaciones, según denunció González, derivadas de irregularidades en las condiciones de conservación, mantenimiento y seguridad de las infraestructuras, y por la atención directa a los mayores.
Seis meses más tarde de la interpelación del grupo canarista a la consejera Delgado, la diputada de NC-BC criticó que la situación “no ha mejorado en nada”. Hizo hincapié en que cerca de un 60 por ciento de los centros de atención sociosanitaria para personas con discapacidad y en situación de dependencia no son inspeccionados por la consejería, y la mitad ni siquiera son visitados.
Recordó que la plataforma Residencias Dignas ha interpuesto varias reclamaciones por las graves deficiencias e incumplimientos en esta materia, que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de las personas residentes ya que una de las prácticas, “ya convertida en habitual” es el mantener “amarrados” a los mayores. “Algo que amén de una aberración, vulnera los derechos de las personas usuarias”, censuró la parlamentaria canarista.
Esther González indicó que la inspección es insuficiente por la falta de personal cualificado. Sólo dos inspectores en toda Canarias, lo que dificulta la capacidad de control y la emisión de actas de inspección. Aunque se han incorporado más trabajadores y miembros de la policía canaria, la falta de inspectores con capacidad para firmar actas, como criticó, limita la efectividad de estas medidas.
González expuso otra realidad a la que “tampoco se le pone coto”, la aceptación de las acreditaciones de centros con una simple declaración responsable, cuando se conoce “de sobra”, que estos centros “incumplen sistemáticamente” la normativa. Mencionó una situación extrema como la muerte de un residente por el hueco de la escalera por la ausencia de una barandilla de seguridad.
Citó además la falta, en la mayoría de los centros, de rehabilitadores, terapeutas ocupacionales o nutricionistas. “Y se podría añadir un largo etcétera, que no haría más que ahondar y remarcar la absoluta negligencia institucional, ante el maltrato recibido por los usuarios y usuarias, vulnerando sus derechos”, censuró la parlamentaria canarista.
